No vuelven todavía las corridas de toros como algunos medios taurinos anunciaron con bombo y platillo en días pasados, ya que será hasta este viernes cuando se podría conocer el desenlace del proceso judicial que existe entre los taurinos y quienes se oponen al maltrato de los animales en Coahuila, pues en la agenda del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Saltillo está programada la revisión final del caso y en una de ésas se emitiría de una buena vez el fallo correspondiente.
La abogada Sandra Rodríguez Wong, asesora jurídica del gobernador Rubén Moreira Valdez, se veía ayer confiada en que la resolución definitiva del juez será a favor de mantener como está la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales en Coahuila, lo cual significaría un duro golpe para la fiesta brava en Coahuila.
Templar los ánimos Por Gerardo Hernández.
El debate sobre las corridas no está cerrado. Como aficionado leal de la fiesta, deseo que la veda se levante definitivamente, por el derecho de las minorías y la libertad de todos a elegir trabajos, actividades y espectáculos lícitos; los toros son uno de los más antiguos, inspiradores y plásticos del mundo. Sin embargo, la decisión ya no depende de los taurófilos, de los empresarios ni del Congreso que las canceló desde agosto, lo cual constituye una forma de discriminación –prohibida por la Constitución–, en cuanto al menoscabo de los derechos y las libertades individuales.
La suspensión concedida por el juez segundo Federal a empresarios taurinos de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y otros municipios, respecto de las reformas a la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales, es provisional. Falta la decisión definitiva para saber si las corridas vuelven o no a Coahuila. La postura del Estado y los defensores de la fiesta –empresas, aficionados, trabajadores, líderes y artistas– se ha polarizado, lo cual incita al encono y no a la discusión seria, serena y desapasionada.
Existen asuntos cuya naturaleza los politiza necesariamente por su impacto en el país, como las reformas fiscal, energética, educativa y de telecomunicaciones; o en su caso, las de materia política y electoral. Las corridas han caído en ese terreno, no por su trascendencia, sino por sus protagonistas. Por un lado, el ganadero Armando Guadiana; y por otro, el gobernador Rubén Moreira.
El primero, no tanto por ser empresario, sino por su activismo político, y no cualquiera: fue quien denunció la deuda contraída irresponsable y delictivamente por la administración de Humberto Moreira, pues una parte de ella se adquirió con documentos apócrifos, y provocó su caída a la presidencia del PRI.
Además, ha expresado su deseo de postularse como independiente al Gobierno del Estado en 2017, elecciones para las cuales faltan menos de 20 meses. Los partidos tendrán candidatos en poco más de un año, pero la competencia entre los aspirantes del PRI, el PAN y la UDC empezó desde hace tiempo, con los inconvenientes y riesgos que representa una sucesión adelantada; no en términos de calendario, sino de proselitismo político.
Desde el principio de su gobierno, Rubén Moreira estableció una agenda basada en la seguridad y los derechos humanos, la no discriminación y la equidad de género. En las tres materias existen avances, pero la más sensible es la primera por los grados de inseguridad y violencia registrados en los últimos años del sexenio anterior y en los primeros del actual. La agenda legislativa ha sido prolija e incluso se propuso una nueva Constitución. No todas las leyes fueron bien recibidas; en algunos temas, sólo grupos específicos las acogieron, mas no la mayoría.
En el caso de las corridas, donde también hay sectores a favor y en contra, sólo se escuchó la voz de los opositores –o al menos fue la que mayor atención recibió del Gobierno y el Congreso–, la mayoría profanos en la fiesta y muchos de ellos inducidos, pero aún así respetables y libres para expresarse. Quizá sus gustos no los compartan otros o tal vez sí, pero en cualquier circunstancia debe respetarse a los demás. Personalizar las decisiones de Gobierno es un error, pues en lugar de contribuir a una convivencia armoniosa en una sociedad diversa, introduce en ella motivos de discordia, lo cual a nadie conviene.
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Publicado en Zócalo.