El sector taurino asegura que la fiesta no perjudica a la infancia

De S y S.

La Comisión Nacional de Asuntos Taurinos ha respondido mediante una declaración institucional a un informe de Naciones Unidas en el que se planteaba que ‘para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros’, sería recomendable prohibir la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público, asegurando que esta sugerencia ‘no tiene base científica’.

“Los informes de psicólogos que tenemos nosotros acaban diciendo que no debe implicar nada negativo que un niño acompañado de sus padres en un ambiente festivo acuda a un festejo taurino. No tiene por qué afectarles en nada”, ha asegurado el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente, a la salida de la reunión de la comisión en la madrileña Plaza de las Ventas.

El informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas fue publicado el pasado 5 de marzo. La Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, órgano de participación y colaboración de las Administraciones públicas españolas con competencia sobre la tauromaquia, ha publicado una declaración institucion en respuesta “en ejercicio de sus competencias relativas a la propuesta de medidas para el fomento y protección de los espectáculos taurinos”.

Así, en la citada declaración recuerda que la tauromaquia se ajusta a la definición de Patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO y que la prohibición de participación y asistencia de los menores “carece de una base científica sólida que la justifique”. “Los estudios nacionales e internacionales que han analizado el impacto emocional de la participación o asistencia de los menores a los espectáculos taurinos desde la perspectiva científica de la psiquiatría, la psicología infanto-juvenil y la sociología concluyen unánimemente que no hay bases suficientes para sustentar científicamente esta prohibición”, ha apuntado.

Asimismo, recuerda que la participación y asistencia de menores “se ajusta a la normativa” internacional, citando tanto artículos de la Convención de Naciones Unidas como de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También critica que la citada recomendación “desconoce la realidad histórica, cultural y jurídica de la Tauromaquia en España”.

“La Tauromaquia comprende un conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por la Constitución española, como la libertad ideológica, de pensamiento y expresión, la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como la libertad de empresa”, señala en el texto.

Además, indica que la tauromaquia tiene “una indudable trascendencia” como actividad económica y empresarial. “Constituye en España un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos como el empresarial, el fiscal, el agrícola-ganadero, el medioambiental, el social, el alimentario, el industrial o el turístico”, ha indicado, sustentando así que “corresponde a los poderes públicos españoles” establecer la regulación del sector taurino.

La Comisión Nacional de Asuntos Taurinos se ha reunido en la plaza de las Ventas para reactivar el Plan nacional de fomento y protección de la tauromaquia (Pentauro) y ha anunciado la celebración del II Congreso Internacional de Tauromaquia, que tendrá lugar en Murcia entre el 18 y 21 de octubre.

Además, entre las medidas adoptadas se encuentra la creación de un plan de formación para presidentes de plazas de toros, para “reforzar y ampliar los conocimientos de quienes ejerzan dicha presidencia”, y también la de trabajar en beneficio de “una asistencia sanitaria que sea homogénea en todas las plazas y para que no haya diferencia de trato entre pacientes”.

La Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, coordinada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es el órgano de participación y colaboración de las administraciones públicas españolas con competencia sobre la tauromaquia y de los sectores vinculados a la misma.

Forman también parte de esta comisión los ministerios de Hacienda y Funciones Públicas, Interior, Empleo y Seguridad Social, Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Economía, Industria y Competitividad, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

También las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas; la Federación Española de Municipios y Provincias y una amplia representación del sector profesional afectado, que abarca a ganaderos, toreros, subalternos, empresarios, cirujanos, veterinarios, aficionados y escuelas taurinas.

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