Los animalistas alientan las manifestaciones y aumenta la presencia policial ante posibles protestas.
Por Milton Merlo.
El pasado mes de diciembre la Corte Suprema de México ordenó el regreso de las corridas tras aprobar un proyecto elaborado por la ministra Yamín Esquivel, de estrecha sintonía con el Gobierno mexicano ya que su esposo, el empresario José María Riobóo, es amigo personal de López Obrador.
El director de la plaza Mario Zulaica anunció esta semana la reactivación de las corridas de cara al 28 de enero. Un movimiento de impacto económico porque la Fiesta brava genera 2000 empleos directos y aproximadamente 30.000 indirectos, según explicó el directivo.
En diciembre del 2023, la Asociación Mexicana de la Tauromaquia informó a la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México que la suspensión de la Fiesta Brava afectaba los empleos de vaqueros, veterinarios, proveedores de medicamentos y alimentos, matadores, novilleros, picadores, puntilleros, banderilleros, taquilleros, vendedores de flores, publicidad, hoteles, imprentas, entre otros.
Dicha entidad también precisó que el impacto de la tauromaquia en la Ciudad de México es nacional, pues esta actividad tiene un valor anual de 7.000 millones de pesos (379 millones de euros) y origina 816 millones de pesos en impuestos (44 millones de euros).
Esta semana Zulaica también dijo que de lo recaudado en cada una de las nueve fechas previstas para Plaza México se hará un donativo para los afectados por el huracán Otis, que el pasado octubre devastó el puerto de Acapulco.
El directivo también informó que habrá 800 elementos de seguridad para custodiar las corridas. Esto es consecuencia del anuncio de varias organizaciones ambientalistas y de protección a los animales que han manifestado en redes sociales su intención de protestar ya que no comparten los criterios del máximo tribunal para retomar las actividades en Plaza México.
«Hay que ser respetuosos de las ideologías y de los gustos de cada persona. Es lo único que exigimos, y de parte de la empresa es lo pedimos a los aficionados taurinos. Ellos (los opositores a la tauromaquia) son libres de poderse expresar», comentó Zulaica a la prensa.
Es una contienda legal todavía sin un final claro. Hace un mes López Obrador se manifestó en favor de organizar una consulta popular en esta capital para decidir el futuro de las corridas: «Aun cuando no termina el proceso legal mi recomendación es que se convoque a una consulta en la Ciudad de México. Es que, en este caso, sería lo mejor para todos, nada más que yo necesito conocer qué opinan los demás porque yo represento al pueblo».
Pero desde el Gobierno mexicano no se ha dicho más ni se ha avanzado en los procedimientos legales para convocar a dicha consulta. López Obrador guarda una postura ambigua respecto a la Fiesta Brava, aunque en sus bases electorales parece primar un ánimo contrario.
Hasta el momento, en el Congreso de la Ciudad de México se mantienen en vilo diversas iniciativas de reforma –tanto de diputados como de la sociedad civil organizada– para prohibir de forma definitiva las corridas de toros. Un debate que lleva una demora de más de dos años en buena medida porque los diputados del partido de López Obrador no quieren avanzar en su tratamiento.
Publicados en ABC
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