Por Juan Andrés Rubert.
Los toros -o, mejor dicho, su futuro como Fiesta-, vuelven a escena. como cada legislatura, con la formación del nuevo Gobierno de coalición. Esta vez ha sido Unidas Podemos la que ha llevado al Gobierno el debate del freno a los toros. En el reparto de ministerios, sellado por el PSOE y la formación morada, se contempla la creación de una dirección general de Bienestar Animal. Hablamos de una suerte de organismo que dependerá de la vicepresidencia social, que pilotará Pablo Iglesias. Un ámbito en el que, de manera inevitable, el Ejecutivo de coalición deberá afrontar el debate sobre la tauromaquia, un asunto que ambas formaciones eludieron en su programa de gobierno. La formación morada esquiva la petición expresa de abolición, pero sí promueven asfixiar la fiesta eliminando las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia, así como prohibir espectáculos que impliquen maltrato animal.
Es un caballo de batalla de la formación de Pablo Iglesias desde que ingresaron en el mundo de la política. De hecho, el propio Iglesias se ha mostrado siempre públicamente en contra, pero no lo prohibiría de forma sistemática, porque es consciente de que no se puede prohibir por decreto. Pero plantea que se someta a referéndum.
A pesar de que el nuevo Gobierno tiene una parte abiertamente antitaurina, como el caso de Podemos, el PSOE mantiene una posición más ambigua. Hay de todo un poco dentro del partido. Pero claro, no se puede prohibir la tauromaquia de un día para otro.
En España hay, concretamente, 1.727 plazas de toros o localidades en las que existen o se instalaron alguna vez. La tauromaquia, en los dos últimos años en España, influyó sobre 103 actividades económicas que van desde la cría ganadera hasta la hostelería y restauración y supuso un impacto en la economía de 4.150 millones de euros, según los datos recabados por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos.
Vamos ahora con los datos de asistencia a los festejos taurinos. Los espectáculos taurinos en las plazas cayeron al mínimo histórico en España. En 2018 se celebraron 1.521 festejos, lo que supone la cantidad más baja desde que el Gobierno comenzara a elaborar estadísticas taurinas en 2003. Los datos oficiales indican que en 2003 se celebraron 1.947 festejos taurinos (entre corridas de toros, corridas de rejones, corridas mixtas, festejos mixtos, festivales con picadores y novilladas con picadores). El récord se produjo en 2007, cuando se registraron en España 3.651 festejos taurinos, pero desde entonces, y coincidiendo con el inicio de la crisis económica, se ha ido produciendo un paulatino descenso de estos espectáculos, salvo un ascenso puntual en 2014, hasta llegar al mínimo de 1.521 en 2018.
Al día de hoy, ¿cuál es la situación legal de la tauromaquia en España?
En España se recoge en la legislación la protección de la tauromaquia como bien cultural desde 1991, mencionado por el Supremo en 1998. Posteriormente, se aprobó una ley que regula la tauromaquia y otra por la que se protege la Fiesta como Patrimonio Cultural Inmaterial. De acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico, el Estado tiene la obligación de garantizar la conservación de la tauromaquia, así como de promocionarla y facilitar el acceso a la misma como parte del conocimiento cultural de los españoles.
¿Qué poder o qué competencias puede tener una dirección general de Bienestar Animal con respecto a la tauromaquia? Hay que partir de la base de que es Patrimonio y no se puede intervenir la fiesta de los toros como si nada. En ‘La Mañana Fin de Semana’, de la Cadena COPE, hemos hablado con Chapu Apaolaza, que es el portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, para analizar el futuro de la tauromaquia en España.
Vamos ahora con los dos puntos en concretos de España donde las corridas de toros fueron prohibidas. Empezamos por Cataluña, que abolió los festejos en 2010.
Concretamente en el 28 de julio de 2010. El Parlamento de Cataluña aprobó con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones abolir las corridas de toros en esta comunidad a partir del 1 de enero de 2012. Después, el 20 de octubre de 2016, el Constitucional declaraba inconstitucional la prohibición taurina en Cataluña. Y no solo ocurrió en esta comunidad. No nos vamos muy lejos porque en las Islas Baleares también se llegó a prohibir la celebración de la tauromaquia.
Fue en abril de 2016 cuando el parlamento Balear aprobó una ley para prohibir a partir de junio de dicho año las corridas de toros. Pero, en noviembre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó recurrir la ley ante el Constitucional. Ley que fue declarada anticostitucional y anulada en diciembre de 2018 y la fiesta pudo celebrarse en Palma el pasado verano.
Al igual que regresaron los toros a Palma… ¿podrían volver a Cataluña o a Barcelona en concreto? El tiempo lo dirá.- Publicado en COPE.
IGLESIAS PRESIONARA A SÁNCHEZ
En un reciente tuit, Pablo Iglesias aseguró que “en Unidas Podemos apostamos por que las corridas de toros desaparezcan, y deseamos que el paso sea refrendado por la ciudadanía para que se sostenga al margen del gobernante de turno”. De esta manera, el líder de UP va dando avisos al PSOE para que no caiga en el error de pensar que su programa antitaurino ha sido aparcado en un cajón.
La lucha por los derechos de los animales en Unidas Podemos no es una declaración de principios meramente anecdótica o folclórica. Al contrario, es uno de los pilares fuertes de su política social, no solo por razones de estrategia de la nueva izquierda que encarna, sino porque muchos votantes del partido de Iglesias son activistas del animalismo y del veganismo.
En el pacto entre PSOE y Unidas Podemos que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez, la protección de los derechos de los animales ocupa un lugar preeminente, concretamente en el punto 3, donde ambos firmantes acuerdan apostar por “la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales”. Y en el epígrafe 16 de ese mismo punto se asegura: “Impulsaremos una Ley de Bienestar Animal que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos, incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios. Estudiaremos la posibilidad de establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos”.
Es evidente que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quisieron vincular la protección de los derechos de los animales a la ecología y a la lucha contra el cambio climático, que contará con uno de los ministerios potentes en la legislatura que ahora comienza. Ahora bien, una vez más las velocidades de PSOE y Unidas Podemos son están sincronizadas. Los morados quieren poner la quinta marcha en las reformas de los nuevos derechos cívicos y sociales nacidos con el 15M mientras los socialistas, fieles a una izquierda clásica, prefieren un ritmo algo más lento.
En el reparto de carteras ministeriales y organismos estatales entre ambas formaciones se contempla la creación de una Dirección General de Bienestar Animal, que dependerá de la vicepresidencia social de Pablo Iglesias. Nadie en el futuro Gobierno tiene la menor duda de que el debate sobre la tauromaquia será uno de los grandes asuntos que se pondrán encima de la mesa en los Consejos de Ministros. Ahora mismo los morados parecen haber echado el freno a la abolición drástica y por vía decreto, ya que entre los votantes socialistas hay muchos que son aficionados a la fiesta y abrir ese melón podría ocasionar disensiones en la coalición. Sin embargo, no renunciarán a promover la eliminación de las ayudas oficiales y subvenciones relacionadas con la tauromaquia, ni a prohibir espectáculos que impliquen maltrato animal, como los correbous en Levante y Cataluña. Iglesias ha empeñado su palabra en que no habrá “ni un euro de dinero público ni protección cultural a los espectáculos taurinos”, además de que hará todo lo posible por proteger a los niños de la “violencia” que supone la fiesta nacional. Los buenos sondeos que obtuvo el Pacma en las elecciones de abril −el CIS llegó a darle hasta dos diputados− indujo a Iglesias a acercarse todavía más al mundo animalista y a proponer un referéndum sobre las corridas de toros, si bien llegó a admitir que “no se pueden prohibir por decreto”. Esa es hasta ahora la postura oficial de Unidas Podemos y esa será la batalla que dará en los próximos cuatro años.
Cabe preguntarse cómo reaccionarán los barones del PSOE a las propuestas de eliminar las corridas de toros. El mismo Sánchez ha asegurado en alguna ocasión que no le gusta la fiesta nacional, pero que respeta la tauromaquia. Un elemento de fricción y de controversia más para esos viernes de Consejo de Ministros que se antojan cualquier cosa menos aburridos.
Como no podía ser de otra forma, Unidas Podemos también sufre sus “presiones”. Desde el mismo momento en que el Congreso de los Diputados dio luz verde a la investidura de Pedro Sánchez, Pacma exigió al futuro Gobierno que “tomara medidas sin más dilación en cuestiones como la prohibición de los circos con animales, la tauromaquia y cualquier espectáculo con animales”. Los mundos de Pacma y de Unidas Podemos tienen vasos comunicantes, íntimas conexiones, y no cumplir el programa provocaría inestabilidades no deseadas. Cabe recordar que el partido animalista rechazó unirse a los morados al considerar “débil” su posición sobre la abolición total de la tauromaquia.
En cualquier caso será Moncloa quien decida finalmente si se abre la puerta a la prohibición de las corridas de toros en España o mete el asunto en el congelador hasta una nueva legislatura. Los grupos de presión taurinos son poderosos –todavía más desde que se han asociado con Vox– y además está la cuestión no menor de la economía, que hará reflexionar a Sánchez antes de tomar una decisión. En los dos últimos años las corridas de toros y las 103 actividades sectoriales que giran a su alrededor y que van desde la cría ganadera hasta la hostelería y la restauración generaron unos beneficios de 4.150 millones de euros. Una cifra que, tal como están las cuentas del país, no es para tomársela a broma.