¿Se acaban los toros?

Por Antonio Lorca.

Anda el planeta de los toros hondamente preocupado con el nuevo Gobierno y, especialmente, con las supuestas intenciones de la llamada Dirección General de Bienestar Animal, dependiente del vicepresidente Pablo Iglesias.

¿Se acabarán los toros?, es la pregunta que más se oye estos días en las barras de los bares taurinos. Hay quien piensa que la tauromaquia no durará más de dos años, que un referéndum acabará con ella, que sufrirá un insoportable acoso que no podrá superar, o que un periódico tan importante como este decidirá eliminar la sección de La Lidia.

Es evidente que el sector taurino está inquieto y atemorizado como un tembloroso cervatillo ante la persecución de un hambriento depredador. Pero da la impresión de que es mayor el miedo que el peligro real. No hay que olvidar que, por lo general, el ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que sucede.

¿Se acabarán los toros? Pero si los toros se están acabando desde hace años, cuando Pablo Iglesias aún era estudiante en la universidad y Pedro Sánchez pegaba carteles electorales para abrirse camino en su partido…; pero si los toros han perdido predicamento social ante la más absoluta desidia de los taurinos, el silencio de los aficionados y la indiferencia de los partidos políticos…

Es más, nunca el PSOE -tan ambiguo siempre en esta materia- ha expresado su intención de suprimir la fiesta de los toros, y gobierna en tres comunidades abiertamente taurinas, como son Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Unidas Podemos se ha limitado a manifestar su oposición a la fiesta, no ha hablado de prohibición y parece que hace hincapié en la eliminación de todo tipo de ayudas.

Y respecto a El País, El Defensor del Lector aclaraba el pasado día 8 que “nadie ha dicho ni sugerido siquiera que vayan a desaparecer las crónicas taurinas; solo he publicado que al periódico llegaron en junio cientos de mensajes con la petición de eliminar esta sección, pero el periódico ya explicó las razones por las que la mantiene”.

A pesar de todo, es lícito pensar que un gobierno de izquierda como el actual pudiera plantearse una hipotética cruzada contra los toros; es lícito, pero improbable.

Y bastan tres razones para sustentar la duda.

La primera es que el nuevo ejecutivo tiene sobre la mesa una larga lista de muy serios y graves problemas (presupuestos, Cataluña, empleo, pensiones, reforma laboral, cambio climático, educación, etc) que exigen una atención prioritaria, muy por delante del polémico asunto (menor) de la tauromaquia.

La segunda: si el nuevo Gobierno decidiera arremeter contra la fiesta cometería un error de consecuencias imprevisibles.

Ténganse en cuenta varios datos:

– en 2017, -el último año de que se tienen datos-, el impacto económico de los toros fue de 4.500 millones de euros, según la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET).

– el 8 por ciento de la población española (casi cuatro millones de personas) asistió a espectáculos taurinos en el periodo 2018, según el Ministerio de Cultura.

– los toros son un suculento chollo para el Estado; los Presupuestos Generales solo recogen una partida de 30.000 euros para el patrocinio del Premio Nacional de Tauromaquia, y a cambio reciben en torno a unos 60 millones de euros anuales en concepto de IVA.

– el sector taurino asegura que sostiene 57.000 puestos de trabajo directos y 200.000 indirectos, y son muchos los sectores económicos que de manera temporal o permanente viven del espectáculo.

Si el Gobierno intentara acosar de manera desmedida a la fiesta se metería en un berenjenal, en un charco del que se desconoce la profundidad, y su actitud pudiera dar lugar a un conflicto social y económico innecesario.

Y la tercera razón: las competencias taurinas están transferidas a las Comunidades Autónomas, y dos leyes estatales regulan la tauromaquia: la ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, y la ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.

La prohibición llevaría consigo la derogación de estas normas, lo que no es previsible; y si los políticos optaran por un modelo que permitiera a las CCAA regular a su antojo el espectáculo taurino, sería necesaria una mayoría con la que no cuentan los antitaurinos declarados.

Y un último apunte.

Sea cual fuere la opción de los políticos, -y he aquí la cuestión fundamental-, la fiesta de los toros será, hoy y en el futuro, lo que los aficionados quieran que sea. No los taurinos -matadores (cuánto desprecio y arrogancia de algunas figuras) (Talavante acaba de anunciar su reaparición sin toros en el cartel), subalternos, empresarios, ganaderos, apoderados que carecen de la mínima credibilidad y se han ganado con creces el título de enemigos declarados de la fiesta por su desunión, su pasividad, inoperancia, ausencia de compromiso e incalificable irresponsabilidad; ni el público, veleidoso y ocasional, sino los aficionados, los clientes fijos, los que sueñan cada tarde con la emoción del toro y el torero como un regalo de los Reyes Magos.

Si los aficionados se limitan a quejarse en la barra del bar, a organizar entrega de premios y visitas a ganaderías, y esperan que la fiesta se defienda sola, están en un craso error.

Publicado en El País

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