Monterrey: Veto Embustero.

Por Adalberto Madero.

El 3 de octubre de 2021, en el Teatro de la Ciudad, Samuel Alejandro García Sepúlveda rindió su protesta como gobernador constitucional, comprometiéndose a guardar y hacer cumplir la Constitución Política del estado.

Apenas han pasado ocho meses y ya dejó en el olvido dicho juramento, al negarse a publicar en el Periódico Oficial la Ley de Patrimonio Cultural –por considerar que promueve el sufrimiento animal–, a pesar de que este proyecto de decreto fue presentado en tiempo y forma por el Congreso local. Veamos a continuación.

El 8 de abril del presente año, el Congreso del Estado le envió al secretario de Gobierno un decreto en donde se reforma por adición la Ley del Patrimonio Cultural, declarando a la charrería, el jaripeo, las carreras de caballos, las cabalgatas, las peleas de gallos y la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial del Estado; así mismo faculta al Ejecutivo para hacer la declaratoria de cualquier otra actividad que considere pertinente.

En lugar de dialogar con los legisladores y hacer llegar sus observaciones a tiempo, el mandatario estatal dejó pasar 48 días para «aparentar» vetar este ordenamiento. El rechazo a esta reforma quedó en evidencia el 20 de mayo, cuando el Oficial Mayor del Congreso solicitó al secretario General de Gobierno, Lic. Javier Navarro Velasco, publicar dicho documento, por considerar que ya habían prescrito los 10 días hábiles que por ley dispone el Ejecutivo para vetar dicho ordenamiento. Por consiguiente, debería de darle el cause administrativo correspondiente y publicarla. No fue así, a pesar de que el funcionario referido es un conocedor del derecho, prefirió violar la Constitución y ser comparsa de su jefe.

La semana pasada, Samuel García politizó este asunto, que es estrictamente administrativo, utilizando su mejor herramienta: el Instagram. Mediante esta plataforma le preguntó a sus seguidores si vetaba la declaratoria de patrimonio cultural, debido al sufrimiento animal que se ejercía en las corridas de toros y las peleas de gallos; comprometiéndose a prohibirlas, pero sin especificarles que el periodo legal para vetarla había fenecido.

El gobernador no se anda con miramientos a la hora de montar sus escenarios para las redes sociales: utilizó a los representantes de los grupos proanimales para simular un veto, demostrar autoridad y precupación por la vida animal y así quedar bien con las 34,000 personas que suscribieron la petición de prohibir el maltrato a los animales.

Ahora bien, el artículo 71 de la Constitución del Estado es muy claro al señalar que una vez recibido el decreto, el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer observaciones, transcurrido dicho plazo, el decreto se tendrá por sancionado debiendo publicarse en el Periódico Oficial en un plazo máximo de 20 días, contados a partir de la fecha en que se haya recibido.

Un gobierno humanista no utilizaría un tema tan delicado para darse publicidad, mucho menos, jugar con los sentimientos de las personas y engañarlas, pero este gobierno que está bajo el signo del Instagram carece de sensibilidad y su único objetivo es brindar entretenimiento.

En conclusion, Nuevo León requiere un gobierno que respete la ley, pero, sobre todo, que respete a la gente.

Publicado en El Horizonte

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