El pasado jueves 13 de febrero la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa para regular las corridas de toros en la capital del país, la cual modifica su esencia.

Resulta preocupante que dicha propuesta haya sido elaborada sin escuchar a la contraparte, es decir: toreros, ganaderos, empresarios, trabajadores (picadores, banderilleros, monosabios, taquilleros, etcétera), comerciantes, pueblos originarios y miles de aficionados. Lo anterior, a pesar de haberse convocado días antes a un parlamento abierto con el sector taurino que, por el sentido de la iniciativa, no fue escuchado.

De votarse a favor de este dizque reglamento taurino, las corridas de toros se acabarían y a la larga se extinguiría una especie única de bovinos. De acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Toros de lidia, en México existen 250 ganaderías de toros bravos en diferentes regiones del país, muchas en zonas de alta marginación y pobreza. Sólo 10 por ciento de este ganado se sacrifica en una plaza a los cuatro o cinco años; las reses para el consumo ni por asomo llegan a esa edad y son sacrificadas en lúgubres rastros.

Los toros de lidia son cuidadosamente criados en entornos naturales, donde viven con otras especies animales. La iniciativa de toros sin violencia es, en los hechos, una manera velada de prohibición. Cabe mencionar que dicha iniciativa dejará sin empleo a miles de personas, en un contexto adverso por las amenazas arancelarias.

En consecuencia, apelo y confío que se abra el diálogo entre los directamente afectados, las autoridades y legisladores.

Por América Molina del Villar, historiadora.