No al fanatismo, sí a las libertades.

Por Manuel Sescosse.

Imaginemos una sociedad en la que un grupo determinado pretende imponer sus preferencias morales, sus gustos o lo que considera como políticamente correcto sin tomar en cuenta el punto de vista de los demás. Imaginemos que ese mismo grupo busca ir en contra del espíritu de los Estados democráticos en los que, por principio rector, los derechos de todos deben ser respetados. Es a este escenario regresivo al que, desde hace algunos años, distintos sectores pretenden orillarnos en su intento de prohibir las corridas de toros.

Bajo un mal entendido concepto de bienestar animal, algunas asociaciones nacionales y extranjeras se han acercado a distintos órganos legislativos federales y locales para pretender acabar con una actividad cultural y popular que se encuentra arraigada en nuestra sociedad desde hace 500 años.

En su afán por imponer su visión, estos grupos quieren poner fin a toda una industria que, por citar un ejemplo, es generadora de una derrama económica anual de 6,900 millones de pesos, según fue calculado por la Secretaría de Agricultura en 2019, y que representó ingresos fiscales para el Estado por más de 800 millones de pesos. Se trata de cerrar, de la noche a la mañana, más de 225 mil empleos directos e indirectos y de negarle la posibilidad a más de 4 millones de aficionados a que asistan a una plaza de toros como sucede cada año.

Lo que muy pocos saben es que quienes fomentamos la Tauromaquia somos generadores de bienestar animal. En las más de 260 ganaderías registradas en distintos puntos del país, el toro de lidia desempeña un papel muy importante en el entorno medioambiental, ya que es una de las pocas actividades del sector pecuario en las que hay un aprovechamiento racional de los recursos naturales, pues mantiene el ecosistema contribuyendo permanentemente al equilibrio del medio en el que se desarrolla y protege los espacios de la depredación que realiza el ser humano.

Acabar con la Tauromaquia nos llevaría, en un muy corto plazo, a la extinción del toro de lidia y de todo su entorno medioambiental en las 167 mil hectáreas en donde este bovino vive libremente. Así de sencillo.

El debate al que hoy asistimos debe ir más allá de toros sí o toros no, gallos sí o gallos no, zoológicos sí o zoológicos no, charrería sí o charrería no, etcétera.

El debate que debemos sostener debe girar en torno a la siguiente interrogante: ¿Pueden los poderes públicos imponer en forma obligatoria las opciones morales de un grupo de la sociedad al resto de los ciudadanos? Si la respuesta es afirmativa, se trataría de una muy mala noticia para las libertades, ya que bastaría con presentar una argumentación moral, la que sea, y contar con las mayorías suficientes en los Congresos o en los cabildos para llegar a la interdicción de prácticamente cualquier cosa. Se podría, de esta forma, prohibir la interrupción legal del embarazo o del matrimonio igualitario en los lugares donde ya son permitidos. Podría ponerse fin a todo espectáculo que no esté de acuerdo con la corrección política o alineada a los intereses de un grupo social. Se podría, simple y llanamente, atentar en contra de la diversidad sexual o la práctica de alguna religión por el simple capricho de un grupo.

Desde el sector taurino siempre hemos pugnado por un diálogo abierto, alejado de todo fanatismo y cerrazón, siempre respetuoso de las preferencias de cada persona. Renovamos ese llamado por el bien de una sociedad que, más de allá de verse dividida, exige vivir con la certeza de poder ejercer las libertades a las que tiene derecho.

*El autor es presidente de Tauromaquia Mexicana A.C.

Publicado en El Norte

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