Tengo para mí, que el indulto del toro de lidia durante la misma es cosa buena. Buena, obviamente, para el propio animal –se libra del fin de su existencia, que no es poco–, para el ganadero que lo ha criado –es un bien gratuito que se incorpora a la cadena reproductora de su industria pecuaria–, para el torero que ha disfrutado de la excelencia de su comportamiento y para el público, que ha gozado con tan afortunado y feliz encuentro. Item más: sirve de regalo argumental para mostrar a la fiel y feroz infantería antitaurina que los aficionados y los profesionales no vamos a la Plaza sedientos de sangre y de muerte, sino a presenciar la expresión de un arte fugaz y dinámico y, a la vez, a reconocer –y premiar hasta su más gratificante consecuencia– los valores biológicos del principal elemento que lo permite.

Por tanto, son muchas las razones por las que el indulto del toro bravo debe estar presente en el desarrollo de los festejos taurinos, y sin embargo creo, también, que su regulación reglamentaria es un caos en toda regla, un galimatías que induce a polémicas a veces furibundas o a controversias del más variado jaez.

Para empezar, hemos de tener en cuenta que en las corridas de toros el público es especial. Muy especial. Hay un sector –más o menos amplio, dependiendo del escenario—que se acomoda en el tendido con un premeditado afán fiscalizador, no como mero expectante espectador, como ocurre en el resto de los espectáculos públicos del mundo.

Y es que el todo aquél que se tiene por aficionado a los toros se procura apartar del insidioso colectivo del público en general, para alistarse en el grupo de elite que juzga a todo bicho viviente –tanto racional como irracional– que se da cita en el ágora del gran teatro del mundo que es la plaza de toros.

Vistas así las cosas, y a tenor de que es el público en general quien está facultado para solicitar el perdón de un semoviente condenado de antemano a muerte, el hecho de indultar a un toro bravo se ha convertido en cuestión altamente peliaguda, controversia permanente y rifirrafe interminable en el que se emplean esgrimas dialécticas de muy variada argumentación que, sin embargo, como ocurre con el mareo de la perdiz en el rastrojo de la vaciedad, se acaba disparando a tenazón y errando el tiro.

Convendría regularizar más y mejor la cosa del indulto. Armonizar su existencia. Dejar bien claro cuándo y por qué un toro bravo debe ser patrimonio vitalicio de su especie; pero sobre todo, tomar en cuenta las circunstancias que concurren en el desarrollo del arte del toreo y, en general en la Tauromaquia contemporánea, porque si la piedra de toque principal para optar al indulto es la suerte de varas, también esta suerte debería ser la principal de la lidia, como ocurría hace más de un siglo. Pero no lo es. Para que lo fuera, debería sufrir una remodelación drástica, un planteamiento acorde con las exigencias actuales, empleando un caballo y un peto protector radicalmente opuesto al percherón y al colchón enorme –Cañabate decía que eran sofás del Rastro– que conforman el mazacote del que emerge el picador, en muchos casos poco avezado en el manejo de la rienda y la garrocha. Entonces, el toro pelearía en condiciones de igualdad más razonables y se podrá apreciar mejor su reacción ante el primer castigo extroversor de la lidia.

A partir de este hecho, si la suerte de varas sigue siendo el parámetro sine qua non para optar al indulto, el toro lo tiene crudo, las polémicas no cesarán jamás y los censores no dejarán títere con cabeza.

Ahora bien: ¿Queremos que la polémica sea permanente bastión de la Tauromaquia? ¿La sal y pimienta de la Fiesta? Pues entonces déjese como está estipulado el indulto, es decir, que lo pida el público y entren en consenso torero y ganadero, para que el presidente no tenga más remedio que claudicar, aunque sea contra su propio criterio.

Por los motivos muy arriba expresados, aquí, al firmante, el indulto del toro de lidia le parece algo muy necesario, diría imprescindible. Tal como está la ganadería brava española –y la de otros lugares del mundo ni les cuento—dilapidar una fuente de sangre brava me parece un disparate, un despilfarro intolerable. Pero que alguien se lo piense más y mejor, y se regule con sentido común. Que se elimine la absurda prohibición –saltada a la torera constantemente, por cierto—de no permitirlo en plazas de tercera categoría. ¿Quién es quién para matizar el emplazamiento de la muerte? ¿Quién es quién para darles categoría a los públicos, según el censo de la población y el aforo de la Plaza donde tiene lugar el festejo? ¿Pero qué discriminación es esta? ¿Qué culpa tiene el toro de la designación de su último destino?

A mayores, habrá que justipreciar la labor del torero en todos los tercios de la lidia que es algo intrínsicamente subjetivo, por naturaleza. Hay toros que tienen mala suerte en el sorteo y están radicalmente condenados a la última pena desde las doce de la mañana. Toros que podrían haber sido indultados si los hubiera toreado un diestro más diestro en la materia. Y toreros que fuerzan el indulto con gestos desmesurados, lo cual invita a entrar en el busilis de la cuestión: ¿quiere el indulto por el bien de la especie de bóvidos bravos y de la Fiesta o por asegurarse un triunfo de clamor, hurtando el riesgo de la estocada, que es el supremo colofón de la lidia?

Para evitar esto último habría que suprimir la concesión de máximos trofeos. No hay trofeos tangibles que conceder, porque me parece un contrasentido y una humillación para los congéneres que yacen sin vida en el destazadero que mutilen su anatomía desollada. Y como ya he repetido en más de una ocasión: ¿Qué orejas o rabos van a cortar si el indulto se produce en el primer toro de la corrida? ¿Irán a la casquería más cercana? ¿Estará abierta a esas horas? ¿Será festivo el día?…

Ya verán cómo si el torero indultador sabe que no habrá premio tangible, ni Puerta Grande, ni apoteosis posterior, monta la espada con la intención de apiolar al bravo ejemplar que tiene delante; pero es entonces cuando el público deberá amotinarse para que tal hecho no ocurra y el Presidente –autoridad suprema en todo momento— deberá mandarle a la Prevención, si necesario fuere.

Me meto en estas reflexiones cuando ya se ha puesto tibia la polémica del indulto de un toro de Garcigrande en Valencia. Un toro bravo, muy bravo. Y noble, muy noble. Que humilló poco, pero embistió mucho y bien. El público –¿no es soberano?—lo pidió clamorosamente. Y después, el Presidente, previo consenso entre torero y ganadero, no hizo otra cosa que aplicar el Reglamento.

El indulto es la gracia suprema para el toro de lidia. Soy fervoroso partidario de instituirlo, pero su aplicación necesita una urgente y profunda revisión. Y, si no, que lo quiten.

Publicado en  Republica.com