Por Antonio Lorca.

Da la impresión de que la supuesta noticia del fallido cierre de la plaza de Las Ventas es una broma de mal gusto, o, quién sabe si una muy seria amenaza que se pretende cerrar en falso. O, tal vez, la estrategia bien diseñada del equipo de gobierno, profundamente antitaurino, del Ayuntamiento de Madrid.

Lo que está claro es que se le ha dado un carpetazo de silencio, como si aquí no hubiera pasado nada. Y así no debe ser porque son muchos los puntos oscuros, y más que suficiente la preocupación generada por una exclusiva periodística rápidamente desmentida en la que, al parecer, erraron sus autores y todos los medios, incluido este, que dieron por buena la noticia sin que estuviera convenientemente contrastada.

¿O, acaso, era cierto el anuncio del cierre y sus responsables han preferido esconder la cabeza debajo del ala antes que afrontar el escándalo de un cerrojazo que hubiera sido letal para la fiesta de los toros?

Sea como fuere, el asunto huele a chamusquina. Algo pasa y nadie quiere contarlo: ni la Comunidad de Madrid, propietaria de la plaza, ni el Ayuntamiento, que dice poseer informes que ponen en entredicho la seguridad del edificio, ni la empresa arrendataria, Plaza1, que guarda un silencio más que sospechoso desde que se conocieron los supuestos hechos.

¿Acaso Las Ventas sufre problemas estructurales que supongan una seria e inminente amenaza?

Es llamativo que, a estas alturas, el Consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Ángel Garrido, no haya comparecido ante la opinión pública para contar lo que hay que verdad en este asunto. Se ha limitado a apagar el fuego inicial, y ha asegurado que la temporada taurina no se interrumpirá y que las obras de rehabilitación se llevarán a cabo en los meses no taurinos.

Pero, ¿qué obras? ¿Cuál es la situación real de un edificio que se construyó en 1929 y que, aparentemente, se mantiene en buenas condiciones para la celebración de espectáculos taurinos? ¿Acaso Las Ventas sufre problemas estructurales que supongan una inminente amenaza para las personas que a ella acuden? No parece que así sea porque carecería de sentido que se hubiera permitido la reciente celebración de la Feria de San Isidro, por la que han pasado casi 650.000 personas

Otro asunto: ¿cuánto dinero y en qué ha invertido la Diputación Provincial de Madrid -propietaria hasta la implantación del estado autonómico-, primero, y la Comunidad, después, en el mantenimiento de un edificio que ha ingresado muchos millones de pesetas y de euros en las arcas públicas madrileñas?

¿Cuánto dinero ha invertido la Comunidad en el mantenimiento del edificio?

¿Está la plaza de Las Ventas en peligro de derrumbe? ¿Son tan graves sus carencias como para que alguna institución se haya planteado un cierre temporal y prolongado? ¿Sí o no?

¿O se trata, acaso, de una estrategia del Ayuntamiento que pretende fastidiar el uso continuado de la plaza de toros por la imperiosa necesidad de acomodarla a las medidas contra incendios y accesibilidad que impone la normativa actual?

Y queda un tercer implicado: la empresa Plaza1, presidida por Simón Casas, que no ha abierto la boca desde que la noticia desmentida apareció en la calle. Extraño comportamiento, al menos.

Circula un rumor y, como tal, no confirmado, de que los resultados económicos de la pasada feria madrileña no han sido los esperados y que ello, unido a la prohibición municipal de que se celebren espectáculos no taurinos -en los que Plaza1 tenía puestas todas sus esperanzas- hasta que el edificio se acomode a la normativa de seguridad, han colocado a la arrendataria en una situación crítica, de modo que no le hubiera venido mal el cierre de la plaza, lo que hubiera supuesto un ahorro de costes y nuevas pérdidas.

Pero quedan otras incógnitas.

¿Concedió la Comunidad la plaza de toros a una empresa solvente con capacidad para afrontar una feria de San Isidro con una cuenta de resultados adversa?

¿Conocía la empresa que pilotan Simón Casas y Nautalia que no iba a poder organizar espectáculos no taurinos hasta que el edificio no se adecúe a normativa de seguridad y accesibilidad municipal?

En fin, que no son pocos los puntos oscuros que se mueven en torno a la situación de la plaza de toros; y, de todos ellos, el peor es el silencio de las partes implicadas.

El aficionado -el espectador, el ciudadano- tiene derecho a saber cuáles son los problemas reales que obligan a acometer obras que algún medio ha cifrado en cinco millones de euros y la pérdida de cinco mil localidades; si son obras de calado estructural, lo que obligaría a la suspensión -también-de festejos taurinos, o no. Y tiene derecho, claro que sí, a saber si los millones que las arcas públicas madrileñas han recibido de la gestión de Las Ventas se ha dedicado, como manda la ley de Presupuestos autonómica, a la conservación y mejora de la plaza.

En fin, que alguien se ha equivocado gravemente al filtrar una información tan supuestamente errónea como escandalosa; o, lo que es más grave, la Comunidad permite que los aficionados a los toros ocupen un edificio en ruina.

De lo que no cabe la menor duda es que este turbio asunto debe ser aclarado cuanto antes. Todo lo demás, es otra falta de respeto a la tauromaquia y a sus muchos seguidores. Y quién sabe si una peligrosa irresponsabilidad.

Publicado en El País